La nueva ley antiokupas que entrará en vigor el 3 de abril de 2025 supone un giro drástico en la forma de abordar la ocupación ilegal de viviendas en España. A pesar del tono, esto no es opinión. Es simplemente la realidad. Se ha endurecido la legislación contra los okupas y agilizado los procesos de desalojo. Habrá que ver ahora a quién favorece y a quien no, en qué casos se puede beneficiar uno y cómo evitar salir perjudicado.

Bajo el pretexto de proteger la propiedad privada y garantizar la seguridad jurídica, el Gobierno ha decidido implementar medidas más severas contra la okupación en todo el territorio nacional. El siguiente problema radica ahora en que cada comunidad autónoma y ayuntamiento deberá aplicar la ley, lo que a priori, y basándonos en ejemplos anteriores; supone desigualdad a tenor de la situación socioeconómica entre las distintas localidades.

Sin embargo, y siempre tomando como ejemplo los resultados de medidas similares realizadas en otros países, estas medidas podrían tener efectos diversos en el mercado inmobiliario y en la sociedad en general.

Como propietario o inversor de vivienda, esta nueva ley puede generar tanto oportunidades como desafíos.

Nuevas normas

• La ley introduce el procedimiento de juicios rápidos para casos de allanamiento y usurpación, permitiendo resolver estos casos en un plazo máximo de 15 días.
• Se establece un procedimiento de desalojo exprés que permite recuperar la vivienda en cuestión de días una vez acreditada la propiedad y constatada la ocupación ilegal.
• La ley contempla un endurecimiento de las penas asociadas a la ocupación ilegal de inmuebles, especialmente para quienes lo hagan con fines lucrativos o delictivos.
• Se prevén mecanismos específicos para proteger a personas mayores o familias que dependan de sus propiedades como fuente de ingreso.
• Los desalojos de okupas podrán ejecutarse en un plazo de 48 horas tras la denuncia, siempre que se acredite la propiedad del inmueble.

Mapa de zonas afectadas

La aplicación de la nueva ley antiokupas será uniforme en todo el territorio español, sin distinción de zonas tensionadas como ocurre con otras normativas relacionadas con la vivienda. Sin embargo, es posible que su impacto varíe según las características socioeconómicas de cada región.

¿Qué estrategias deberían tomar los propietarios ante este escenario?

Creo que lo más prudente es analizar cada caso concreto y ver las oportunidades que pueda haber en el mercado.

Por un lado, puede ser interesante reforzar la seguridad de las propiedades para prevenir ocupaciones ilegales, aprovechando las nuevas herramientas legales que ofrece la ley. Aquí cabe aclarar que, aunque la ley se aplique de manera inminente, no tiene por qué significar que el mercado lo refleje al día siguiente.

Por otro lado, también puede ser conveniente estar al tanto de cómo evoluciona la situación y si hay alguna modificación o excepción en la ley que afecte a los propietarios. Se ha hablado también de la importancia de las alarmas anti-okupas como medida preventiva, que podrían convertirse en una inversión necesaria para muchos propietarios2.

Opiniones

En definitiva, la comunidad de expertos en derecho y seguridad coinciden al pensar que la nueva ley antiokupas (a pesar de tener como objetivo proteger la propiedad privada) podría tener consecuencias complejas: a los okupas les dificultará enormemente sus acciones, a los propietarios les brindará mayor protección legal, y a los inversores les ofrecerá un marco más seguro para sus propiedades.

Espero que la implementación de esta ley sea efectiva y respetuosa con los derechos de todas las partes involucradas, y que se realice un seguimiento cuidadoso de sus efectos para realizar ajustes si fuera necesario.